por el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez
En días pasados pudimos observar distintas actitudes de exfuncionarios del Estado frente a la justicia penal y a la verdad, las cuales traslucen el talante de cada uno. Además, pudimos valorar a la JEP como una jurisdicción efectiva para llegar a la verdad – no solo a la procesal sino también a la real o verdadera- como medio irremplazable de reparación a las víctimas, lo cual se constituye en un paso doloroso pero decisivo para avanzar en la restauración moral de la sociedad y de las instituciones.
Durante la audiencia pública sobre el caso del asesinato de jóvenes de otras regiones que fueron engañados para ser llevados al Catatumbo y ser falsamente presentados como bajas en combate, el general Paulino Coronado excomandante de la Brigada 30, declaró, entre otros aspectos, lo siguiente: “Hoy reconozco ante ustedes, ante Colombia, que acepto la responsabilidad por no avizorar que con la inflexión física (política que promovió el general Montoya Uribe) podría llevar a las unidades bajo mi mando a cometer crímenes”. También se lamentó “por no haber actuado más diligentemente. Tengo un gran remordimiento que me lacera el alma, porque sé que afectamos a las familias de las víctimas, dejamos un gran vacío”.
A su turno, el teniente coronel Álvaro Tamayo, uno de los oficiales subalternos de Coronado cerró su intervención diciendo: “Quiero que sepan que, frente a mi responsabilidad, no solo los afecté a Uds., como víctimas con los asesinatos sino a la institución militar, a mis superiores, traicioné les mentí y fallé al Ejército, a mi superior que está aquí sentado que es mi general Coronado, a él le fallé, a él lo engañé, a mi familia…espero que de alguna manera pueda contribuir al restablecimiento del tejido social que hace años rasgué y que algún día obtenga el perdón y me den otra oportunidad”.
En contraste con lo anterior, traigo a colación un reportaje publicado en El Espectador (20-10-2018) alrededor de la más completa declaración que rindió el general Montoya en la justicia ordinaria antes de someterse a la JEP, por el caso de los “falsos positivos”. En aquel se lee que a raíz de una visita que estaba realizando a las tropas que operaban en Norte de Santander “…llamó a su superior, el comandante de las FF.MM, general Padilla, a quien informó que tenía pensado suspender a tres coroneles de la Brigada Móvil 15 sobre los que había sospechas. Media hora después, Padilla le devolvió la llamada con el siguiente mensaje: ‘…hablé con el presidente de la República y dice que su medida es exagerada, que en este momento no hay nada contra ellos, que no vaya a hacer eso’”.
No es pues de extrañar la actitud del expresidente Álvaro Uribe, leyendo ante los medios un texto con el lapidario titular “Han expropiado mi reputación”, criticando la densa argumentación de la juez que negó la preclusión del proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Es que Uribe siempre ha privilegiado la verdad procesal, la misma que no siempre coincide con la real o verdadera.