por Ricaurte Losada Valderrama
La situación que vive Colombia y el planeta, no solo en materia económica sino de
manera general, no puede ser más preocupante y, por supuesto que es el
contexto de la reforma tributaria.
Existe el creciente riesgo de que la economía global entre en recesión el año
entrante, además de que se vive una época de fragilidad y volatilidad que se
manifiesta en los precios del dólar, las caídas bursátiles, la inflación y el aumento
de las tasas de interés de los bancos centrales, entre otros aspectos que
representan un desafío inmenso para las economías, sumado a que nosotros
tenemos que corregir varios frentes, en especial la corrupción, el elevado déficit
fiscal y el desaforado gasto público.
Y solo he mencionado aquellos hechos que tienen un carácter e incidencia
económica más directa, donde se encuentra, por supuesto, la invasión y guerra de
Rusia contra Ucrania que pisotea derechos humanos esenciales, partiendo de la
vida y el principio fundamental del derecho internacional sobre autodeterminación
de los pueblos, con una muy amplia incidencia económica en un mundo
globalizado y, por lo tanto, muy interdependiente.
Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia sería el país que más crecería
en la región este año, pero para el entrante solo crecería el 2.2, pasando de ser
la economía más próspera de Latinoamérica -7.6 de crecimiento del PIB en 2022,
a la que más duro frenaría en 2023-. El panorama es bien dramático porque la
economía influye de manera decisiva en la vida de los pueblos y en la política casi
siempre la determina.
Y con la reforma quedamos con menos capacidad de ahorrar, de invertir y de
consumir, lo cual deprime la economía en su conjunto y mientras no se modifique
el modelo económico neoliberal, será imposible superar los muy altos niveles de
desigualdad, inequidad e injusticia.
Hasta ahora, la meta del recaudo por la reforma, según lo aprobado por las
comisiones económicas, expresada en billones es de 21.5, así: 11.3 en impuestos
al uso del subsuelo, es decir que la carga en más del cincuenta por ciento de lo
que se espera recaudar es para el sector minero energético, hecho que podría
poner en riesgo la transición gradual que se requiere de una economía
dependiente en alto grado de los combustibles fósiles a la producción de energías
limpias.
Y en mucha menor proporción, se aprobaron 3 billones provenientes de personas
jurídicas; otros 3, por medidas como la eliminación de los días sin IVA; 2.9,
impuestos a personas naturales; 1.3, impuestos saludables; 84.000 millones, por
los ambientales.
El efecto de la reforma es según el ministro Ocampo sobre los que tienen más
altos ingresos. Solo afecta, según él al 1.4 por ciento de las personas, hecho por
el cual se aplicaría el principio de progresividad, lo que no parece así, pues al
disminuirse el ahorro, la inversión y el consumo para todos, los tributos terminan
siendo regresivos.
Se recuerda que cuando se expide el Estatuto de 1991 la globalización había
penetrado prácticamente todo el planeta y el poder de las transnacionales era ya
superior al de muchos Estados y que este modelo le resta poder a éstos y les
hace acondicionar sus estructuras para ensanchar el voraz apetito económico de
ellas, tema que desarrollaré en la siguiente columna.
ricaurtelosada@hotmail.com