por Ricaurte Losada
A raíz de la presentación al Congreso del proyecto de reforma política del Gobierno, es útil tratar este tema, para lo cual empiezo por decir que toda reforma constitucional o legal pertenece a este tipo de enmiendas, en cuanto que todas tienen que ver con un diseño y con la ejecución del mismo en aspectos relacionados con el Estado y la sociedad.
Pero a lo que de manera corriente se le da el nombre de reforma política es a aquellas modificaciones que tienen que ver de manera más directa con la política.
Sobre este particular, en la Constitución que nos rige quedaron tantos errores, como en muchos otros temas que luego de su expedición se le han realizado en esta materia tres reformas, la última de las cuales se hizo mediante el Acto Legislativo Dos de 2015, denominada de Equilibro de Poderes en el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Y luego, con fundamento en el punto dos de los Acuerdos de la Habana, se frustró un proyecto de acto legislativo, haciéndole una cuarta enmienda a la Carta Política sobre estas materias, reforma que ahora lo más seguro es que se apruebe, pero el asunto de fondo radica en los temas que deben ser incluidos, siendo por ello que sugiero algunos de los principales, teniendo claro que muchos no serán incluidos y, de pronto, ni siquiera tratados.
La abolición del voto preferente, consagrar el voto obligatorio como mecanismo esencial contra la corrupción; abolir o modificar la circunscripción nacional para la elección de senadores que ha concentrado la representación en los departamentos con mayor población y ampliado la corrupción; establecer las consultas internas obligatorias para la selección de los candidatos a los cargos de elección popular y de los directivos de las organizaciones políticas, a fin de también combatir la corrupción y establecer la financiación electoral mínima y exclusiva del Estado.
Además, se deben seleccionar los miembros del Consejo Nacional Electoral mediante estricto concurso público de méritos, sin convertir el organismo en Corte Electoral, como dar a esta entidad la función jurisdiccional de dirimir las controversias internas entre los partidos políticos, para lo cual el Consejo debe constituir un registro único de militantes de los partidos y movimientos políticos.
También es indispensable separar la política de la religión. La libertad religiosa sin cortapisas ha llevado a una situación libertaria en la que pululan religiones para hacer política, además de muchas otras de garaje y poco serias, utilizadas como mecanismo de explotación económica.
Así mismo, es necesario elevar el umbral, no suprimirlo, como se está proponiendo, a fin de que haya menos partidos para que sean más fuertes para gobernar cuando estén en el poder y para ejercer la oposición, es decir, el control, cuando estén fuera de él, hecho que posibilitará convertirlos en opción de poder y acabar así la costumbre inconveniente, lesiva a la democracia, instaurada desde el Frente Nacional, de que los perdedores gobiernan con los ganadores como sucede incluso en este Gobierno.
De otra parte, es necesario suprimir la asignación de recursos del Estado central a las regiones, mediante los cupos indicativos y, en su lugar se debe dar a los congresistas iniciativa en el gasto público, bajo los estrictos términos del plan de desarrollo y reglas que garanticen que los procesos electorales sean transparentes.
Estos que son apenas algunos ejemplos para hacer una reforma política de fondo, los analizo en el libro, Los errores del 91, las 55 reformas en 30 años, Una historia de poco alcance y los poderes establecidos de espaldas a una Constituyente.